01 February 2018
Madrid Headquarters
La sede de Deusto Business School fue el escenario elegido para la presentación del libro sobre investigación tecnológica y derechos fundamentales escrito por el fiscal de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, Javier Ignacio Zaragoza Tejada, en colaboración con diversos jueces y fiscales.
Asistieron, además del Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, o el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco --que fue el encargado de presentar el libro--, otras altas personalidades. Entre ellas se encontraban los ex fiscales generales del Estado, Javier Moscoso del Prado, Consuelo Madrigal, Cándido Conde-Pumpido o Eduardo Torres-Dulce.
También acudieron a la presentación de la obra, publicada por Thomson Reuters Aranzadi, magistrados y fiscales de sala del Tribunal Supremo, como el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena o Antonio del Moral.
Asimismo, se encontraban entre el público el Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón o la Fiscal Jefe del Tribunal Constitucional, María Ángeles Sánchez Conde, además de la presidenta de la sala penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro y el magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez.
Tras las palabras de bienvenida a los asistentes, pronunciadas por el director de Deusto Business School, Iñaki Ortega, se explicó cómo el libro recoge y sistematiza la doctrina de los tribunales nacionales e internacionales sobre muchas de las técnicas de investigación que limitan algunos derechos fundamentales, ya que la investigación de las actividades delictivas que se planifican y desarrollan en el ciberespacio se realiza mediante instrumentos y/o técnicas de investigación que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
La obra recuerda asimismo que la ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la regulación de una serie de medidas de investigación tecnológica, en la que se conjugan el refuerzo de la capacidad investigadora del Estado ante esta nueva forma de delincuencia al tiempo que se garantizan los principios y valores que sustentan nuestro ordenamiento jurídico.
