Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y administraciones públicas se basan en unos criterios sobre qué es correcto o incorrecto. La ética pública analiza esos criterios para ver cómo conseguir que las regulaciones, políticas y prácticas públicas contribuyan al bien común, a través de una justicia social e integradora de la diversidad.
Hoy en día la Ética pública no se centra sólo en la integridad de los servidores públicos, representantes políticos e institucionales, funcionarios…sino que analiza la infraestructura social y política que influye en el comportamiento de estas personas. Incluye también al sector privado.
Por ejemplo, la corrupción afecta a representantes públicos o funcionarios pero no se puede analizar al margen de la acción de empresas privadas.
Hay además organizaciones privadas que tienen capacidad de influir en las decisiones del sector público,