10 febrero 2020
Sede Madrid
Cinco años después de la regulación del compliance en España a través del Código Penal, todavía quedan algunas dudas sobre su aplicación. Un reciente informe (de la firma Grant Thornton) alerta de que tan solo un 9% de las empresas han desarrollado de forma integral un programa de compliance. Así lo recalcó el juez de la A Audiencia Nacional y director del Programa de Innovación en Ciberseguridad (PIC) de Deusto Business School, Eloy Velasco, quien tomó la palabra tras las palabras de bienvenida del director de la escuela, Iñaki Ortega.
El juez Velasco añadió que a lo largo de estos cinco años se han impuesto multas relacionadas con el compliance por un valor conjunto de 2.415 millones de euros y que la mayor parte de las condenas han estado relacionadas con el delito fiscal, seguidas a mayor distancia por los casos estafa y la insolvencia punible. También subrayó el hecho de que la mayor parte de los planes de compliance que existen ponen el foco en los posibles delitos que puedan cometerse por los empleados, cuando, esto es un error ya que, según su propia experiencia, en el 95% de los procesos penales contra personas jurídicas, quien ha cometido el ilícito son los directivos y no los trabajadores.
Tras la intervención del juez de la Audiencia Nacional tomó la palabra Beatriz Saura, abogada y presidenta de la sección de Compliance del Colegio de Abogados de Madrid, quien explicó la importancia de que las empresas dispongan de canales de denuncias y detalló las principales novedades que se incorporarán al derecho español una vez se transponga la directiva comunitaria Whistleblower 2019/1937. Entre otros aspectos, destacó el hecho de que será obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores disponer de un canal de denuncias que podrá gestionarse internamente o externalizarse, pero que deberá proveer de confidencialidad al denunciante. Además, se establecen mecanismos de protección para el denunciante que eviten cualquier tipo de represalias.
Por su parte, Manuel Crespo, Chief Compliance Office en Telefónica, repasó la aplicación práctica del compliance en la operadora. Durante su exposición hizo hincapié en la importancia de que además de disponer de canales de denuncia, todos los empleados estén implicados en la tarea de velar para evitar cualquier tipo de irregularidades.
Pedro Pablo García, compliance officer en Metro de Madrid y ex alumno del PIC, compartió con los asistentes la experiencia de la implantación del compliance en una empresa pública e insistió en la necesidad de informar y formar a la plantilla sobre la necesidad de utilizar los canales de denuncia ante cualquier irregularidad.
