22 mayo 2023
Campus Bilbao
En una reciente entrevista concedida al periódico La Opinión de A Coruña, Gustavo de la Orden Bosch, investigador del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, compartió sus perspectivas sobre la situación del asilo en España y la creciente criminalización de la migración. El investigador participó en el congreso de Criminología Pública y debates antipunitivistas en la Facultad de Derecho de La Coruña, donde presentó una ponencia sobre la criminalización de los solicitantes de asilo.
De acuerdo con De la Orden, España ha experimentado una baja tasa de aceptación de solicitudes de asilo a lo largo de los años, a pesar de recibir una de las mayores cantidades de peticiones entre los países de la Unión Europea. Según él, en 2022, solo Malta y Chipre tuvieron tasas de reconocimiento más bajas, con un 14% y un 6,5% respectivamente, mientras que en España fue de un 16,5%. En los últimos años, la aceptación ha oscilado entre el 10% y el 15%, llegando a un máximo del 20%. Por otro lado, Estonia cuenta con la tasa más alta de reconocimiento en Europa, y países como los Países Bajos (82%), Alemania (50%) y Bélgica (45%) también superan con creces a España. Incluso países con características similares a España, tanto en geografía como en situaciones sociales y económicas, como Grecia e Italia, tienen tasas de reconocimiento más altas (50% y 28%, respectivamente).
El investigador atribuye estos bajos índices de aceptación a varios factores. En primer lugar, destaca la particularidad de las fronteras españolas y la nacionalidad de los solicitantes de asilo, que en su mayoría son de países latinoamericanos y llegan al país por vía aérea. Debido a que estos países son considerados seguros, a menudo se les niega a los solicitantes la posibilidad de estar en peligro, lo que dificulta justificar la necesidad de protección internacional. Además, De la Orden menciona la criminalización de la migración y las políticas de cierre de fronteras, que limitan el acceso regular al proceso de asilo. Aunque formalmente se puede solicitar asilo en las embajadas, en la práctica existen muchas dificultades para acceder a la protección internacional desde fuera de España.
Ante la pregunta de si la baja aceptación se debe a la falta de medios o a una intencionalidad de dificultar los trámites, De la Orden sostiene que esto se debe en gran medida a las políticas de asilo y migración, que constituyen un problema no solo en España, sino en toda la Unión Europea y a nivel internacional. No se han previsto vías adecuadas para acceder al asilo desde fuera de los países, y las políticas de migración, especialmente en los países del norte global, se han vuelto muy restrictivas desde principios del siglo XXI. Como resultado, tanto los migrantes económicos como aquellos que necesitan protección internacional encuentran grandes dificultades para ingresar y obtener reconocimiento en los países receptores.
Por otro lado, con relación a la criminalización de la migración, De la Orden explica que se refiere a la combinación de las políticas migratorias y penales. Esta tendencia, que surgió a principios del siglo XXI en Estados Unidos y luego se extendió a la Unión Europea, implica la combinación del Derecho de Extranjería con el Derecho Penal. El investigador señala que existe una criminalización formal que implica la creación de delitos exclusivos para migrantes, como la entrada irregular, que en España no es considerado un delito, pero sí lo es en otros países de la UE. Además, hay sanciones penales que solo se aplican a migrantes, como la deportación, y delitos en los que cualquier persona puede incurrir al relacionarse con migrantes. En la Unión Europea, se criminaliza la ayuda a personas migrantes en situación irregular durante su entrada, tránsito o permanencia en un Estado miembro.
Existe una vertiente material de la criminalización que se refiere a los discursos, narrativas y enfoques políticos que asocian la migración con la criminalidad. En este sentido, se aplica el derecho administrativo para regular la migración, y el Derecho Penal se utiliza para restringir derechos fundamentales como la vida y la libertad de movimiento. En los últimos años, las leyes de migración de muchos países, incluyendo España, han incorporado mecanismos en legislaciones administrativas que afectan estos derechos.
En resumen, el investigador destaca la necesidad de replantear las políticas migratorias y de asilo tanto en España como en la Unión Europea, a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y migrantes en general.
