30 enero 2015
Campus Bilbao
El profesor de Derecho Internacional Público & Organizaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, Antonio Manrique de Luna, aborda en el rotativo El País la fragilidad de la seguridad de los barcos pesqueros de origen vasco que faenan en Somalia y donde la vigilancia de la UE surte efecto.
Como punto de partida de su artículo, Manrique de Luna pinta el siguiente cuadro de Somalia: “un país africano que ha recobrado notoriedad internacional ante los diversos actos de piratería marítima, que se han producido en su territorio y han afectado a buques y nacionales de diversos países”.
Cita como víctimas de los actos delictivos, casos muy cercanos como son “los barcos pesqueros de origen vasco (Alakrana, Playa de Bakio e Izurdia) y a sus tripulantes que se vieron afectados mientras faenaban en el Océano Índico”.
El docente de la Universidad de Deusto se remite a la jurisprudencia para recriminar la piratería marítima citando el artículo 101 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que define esta actividad como “todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.
En ese contexto, Manrique de Luna recuerda que “la Unión Europea, a través del Consejo de la UE aprobó la Acción Común 851, que autorizaba la realización de la primera operación marítima de la Unión Europea en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa a la que se denominó “Atalanta” y que recientemente ha sido prorrogada hasta el 12 de diciembre de 2016 con la finalidad de que continúe protegiendo a la flota mercante y pesquera de los piratas somalíes en el Océano Índico”.
Y concluye que “ante las actividades de vigilancia que ha llevado a cabo la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han disminuido los actos de piratería marítima y se ha juzgado a los presuntos responsables de dichas actividades criminales. Así, el 19 de enero de 2015, la Audiencia Nacional (competente según el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) empezó a juzgar a cinco de los seis presuntos piratas somalíes acusados de haber atacado el barco pesquero de origen vasco Izurdia”.
Puedes leer el artículo íntegro de Manrique de Luna en este enlace.
