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11 May 2022San Sebastian Campus

Naiara Álvaro, estudiante de 5º curso de Derecho + Comunicación, escribe en Legal Today sobre el concepto de “sharenting”

Naiara Álvaro, estudiante de 5º curso del doble grado en Derecho + Comunicación, escribe en el blog Legal Today sobre el concepto de “sharenting”, relacionado con la publicación de contenido por parte de los padres sobre sus hijos en plataformas de internet.
Un estudio realizado por la firma de seguridad informática AVG afirma que el 23% de los menores tiene presencia en Internet antes de nacer y el 81% antes de cumplir seis meses.

El artículo 8.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR), establece que son los padres o tutores legales quienes deben garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del niño menor de 16 años. En España, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor baja esta edad a los 14 años, pero, ¿qué sucede cuando son los padres quienes publican contenidos de sus hijos en las redes sociales sin su consentimiento?

Privacidad y huella digital

La huella digital está formada por toda la información que se puede encontrar en Internet sobre una persona concreta. Los menores pueden tomar decisiones sobre su imagen en Internet a los 14 años, pero aunque pudiesen denunciar a los que hubiesen subido su imagen, su huella digital ya habrá sido alterada.

Algunos datos e imágenes pueden parecer inocentes en un momento dado, pero al ser descontextualizados pueden afectar negativamente al menor. El desconocimiento de los padres sobre un medio nuevo no es sólo un riesgo para su privacidad, sino que puede aumentar los riesgos de los niños a sufrir ciberbullying, suplantación de identidad e incluso la exposición a adultos que quieran aproximarse a ellos con fines sexuales.

Los riesgos a corto plazo incluyen el secuestro físico, utilizando los datos sobre extraescolares, uniformes escolares, edad, gustos, etc.; el secuestro de la identidad digital, normalmente utilizado para ganarse la confianza de otros menores; el grooming, usualmente con intenciones sexuales; y la utilización de las imágenes como publicidad para webs pornográficas o servicios ilegales.

Por otro lado, a medio y largo plazo los menores podrán ser víctimas de bullying y ciberbullying, ser objeto de memes, sufrir robo de identidad y tener alteraciones en su identidad digital.

Derecho al olvido

La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales dispone en su artículo 94.2 que todas las personas podrán solicitar que se supriman los datos personales cuando estos son desactualizados, excesivos, impertinentes, inadecuados o inexactos, tanto de origen como por el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el caso de que los datos hubieran sido facilitados durante la minoría de edad, el perjudicado podrá hacer que se eliminen esos datos sólo con su solicitud.

De todas formas, esta medida no es suficiente para garantizar los derechos del menor, puesto que una vez publicados los datos, es muy difícil controlarlos. Cualquier persona puede volver a subir los contenidos a otra red social o incluso guardarlo en su propio dispositivo.

¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos?

Es imposible limitar completamente la exposición de los menores una vez el contenido está subido en la web, pero es posible tomar ciertas precauciones para disminuir los posibles riesgos. En primer lugar, conocer las políticas de privacidad de las plataformas utilizadas es fundamental para saber cuál es el grado de exposición al que someteremos al menor.
Además, también es importante limitar las personas con las que se comparten los datos y concienciarlos para que no publiquen información o imágenes que puedan resultar ofensivas o vergonzosas al menor.

Por último, es importante no publicar información sobre cuándo estarán solos los menores, evitar el uso de la geolocalización y no hacer pública información privada como la fecha de nacimiento, número de pasaporte, etc.

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